miércoles, julio 26, 2006

TRENTIN, DOCTOR HONORIS CAUSA EN LA UNIVERSIDAD DE VENECIA


Señor Rector Magnífico. Señor Decano de la Facultad de Economía y Comercio. Señores miembros del Consejo de Facultad: doctores Beggio y Malgara. Señoras y Señores. Queridos amigos.
Pueden ustedes comprender mi emoción, en este momento, no sólo por el honor que impropiamente me hacen con este doctorado, sino por la iniciativa que han tenido celebrando este acto en el aula que lleva el nombre de mi padre. Siempre he sido reacio a hablar públicamente de él, dado el respecto y reconocimiento que le debo: hoy no cambiaré este comportamiento. Tan sólo quiero testimoniar que lo poco de válido y de útil que he producido en el curso de mi larga vida, lo debo por entero a su enseñanza y ejemplo; a su radical incapacidad de separar la ética de la política con relación a la moral cotidiana, y por ello pagó con sus propias convicciones.
El tema de esta intervención es la relación entre el trabajo y el conocimiento. Lo he escogido porque me parece que en esta extraordinaria trama que puede llevar al trabajo a convertirse cada vez más en conocimiento y capacidad de iniciativa --y, a partir de ahí, en creatividad y libertad, incluso si se trata de solamente de una potencialidad, de una salida posible, pero no cierta de las transformaciones en curso en la economía y las sociedades contemporáneas-- está el mayor desafío que tenemos en los inicios de este siglo. Es un reto que puede conducir a la eliminación de viejas y nuevas desigualdades y de las diversas formas de miseria que vienen, sobre todo, de la exclusión de miles y miles de personas de una misma comunidad.

TRABAJO Y CONOCIMIENTO

1. Sin embargo, no se puede decir que la gran transformación del trabajo y del mercado laboral --cuyo arranque es el salto de cualidad operado en la década de los setenta y ochenta, con la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de los procesos de mundialización de los intercambios, saberes y conocimientos-- haya tenido, desde sus inicios, una puntual interpretación en la literatura económica y social.
Pocos han sido los observadores que entendieron, como Robert Reich, que nos encontramos frente a un proceso que, con sus contradicciones y desigualdades a escala nacional y mundial, comportaba igualmente la caída de los modelos fordistas de producción rígida y de masa, además de un cambio en la aportación que construía la riqueza de las naciones. No obstante, fueron muchos los apologetas acríticos de una sociedad posmoderna. Y también fueron muchos los profetas de la desventura. En efecto, hizo fortuna, en Europa e Italia (como ocurrió en la segunda posguerra frente a los procesos de automoción y producción en masa), una literatura catastrofista y liquidacionista que ha tenido un fuerte peso en la opinión pública y en la cultura política de aquellos entonces. La década de los ochenta y noventa fueron unos años en los que tuvieron un insólito éxito ciertos “best sellers” como El fin del trabajo de Jeremy Rifkin. El trabajo, un valor en vía de desaparición, de Dominique Meda o, para el gran público, El horror económico, de la novelista Viviane Forrester. Estos textos y otros tantos subproductos parecían dictar los contenidos y las formas del fin de la historia, y para las fuerzas socialistas y los sindicatos, el final de todo proyecto de sociedad que tuviese como uno de sus sujetos el mundo del trabajo: las clases trabajadoras. Fue el éxito de esta literatura una de las señales más manifiestas del retraso con el que una gran parte de la cultura política europea percibió la cualidad del gran cambio que significó el final de la era fordista en la segunda mitad del siglo pasado.
No se trataba del fin del trabajo. Pero, paradójicamente, estábamos en una la fase donde se sucedían procesos de reestructuración y de despidos en masa con un crecimiento a escala mundial de todas las formas de trabajo, empezado por las subordinadas y asalariadas; y ello con un ritmo como nunca había sucedido en el pasado. No era el fin del trabajo como entidad y valor. Pero sí estábamos ante un cambio del trabajo y de las relaciones de trabajo, y también del papel que el trabajo tenía en la economía y en las sociedades de los países afectados por los procesos de mundialización. Era un cambio del trabajo que apuntaba, ciertamente, sobre todo a una minoría, aunque con un fuerte incremento de los que prestan su mano de obra; pero cuyas consecuencias afectaban a los menos profesionalizados: se volvía a proponer el trabajo como factor de identidad a un número creciente de mujeres y hombres. Cierto, como uno de los factores de la identidad de la persona humana.
2. En efecto, la cualidad y creatividad del trabajo se volvieron a proponer no solo como la condición de la riqueza de las naciones (como sostenía Robert Reich) sino como factor insustituible de la competitividad de las empresas.
Pues bien. Cada vez más son más desacertadas aquellas estrategias de la empresa que apuntan, no a la valoración del trabajo sino a su desvalorización, a la pura y simple reducción de los costes con los objetivos de: competir con las economías menos protegidas del planeta, la ratificación el carácter del trabajo asalariado que sólo debe ejecutar, salvaguardando así el mito del trabajo como ciego apéndice de una clase managerial pensante.
El uso flexible de las nuevas tecnologías, el cambio que provocan en las relaciones entre producción y mercado, la frecuencia de la tasa de innovación y el rápido envejecimiento de las tecnologías y las destrezas, la necesidad de compensarlas con la innovación y el conocimiento, la responsabilización del trabajo ejecutante como garante de la calidad de los resultados… harán efectivamente del trabajo (al menos en las actividades más innovadas) el primer factor de competitividad de la empresa. Son unos elementos que confirman el ocaso del concepto mismo de “trabajo abstracto”, sin calidad, --como denunciaba Marx, pero que fue el parámetro del fordismo-- y hacen del trabajo concreto (el trabajo pensado), que es el de la persona que trabaja, el punto de referencia de una nueva división del trabajo y de una nueva organización de la propia empresa. Esta es la tendencia cada vez más influyente que, de alguna manera, unifica dadas las nuevas necesidades de seguridad que reclaman las transformaciones en curso) un mundo del trabajo que está cada vez más desarticulado en sus formas contractuales e incluso en sus culturas; un mundo del trabajo que, cada vez más, vive un proceso de contagio entre los vínculos de un trabajo subordinado y los espacios de libertad de un trabajo con autonomía.
Está claro que estamos hablando de una tendencia que parece destinada a prevalecer. Pero que, a su vez, choca con las fuertes contradicciones presentes en la gestión de la empresa. Ésta, la empresa, permanece anclada, en casos muy numerosos, en una organización de trabajo de tipo taylorista, incapaz de socializar un proceso de conocimiento y aprendizaje. El fordismo ha muerto; no así el taylorismo.
Pero en las empresas tecnológicamente avanzadas y con una organización adecuada al uso flexible de las nuevas tecnologías, el trabajo que cambia (es decir, el trabajo concreto con sus espacios de autonomía, de creatividad y con su incesante capacidad de aprender) se convierte en la vara de medir la competitividad de la empresa. En esos casos, la flexibilidad se entrelaza con un proceso de socialización de los conocimientos y con un continuo enriquecimiento de las habilidades de las personas.
3. Pero es preciso distinguir bien la flexibilidad como ideología y la flexibilidad como realidad.
La introducción de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones con los cambios de las relaciones entre demanda y oferta (que se derivan de uso cada vez más flexible y adaptable, de la rapidez y frecuencia de los procesos de innovación con la consiguiente obsolescencia de los conocimientos y la profesionalidad) impone sin ningún género de dudas --como imperativo ligado a la eficiencia de la empresa-- un uso flexible de las fuerzas de trabajo y una gran adaptabilidad del trabajo a los incesantes procesos de reestructuración que tienden a convertirse, no ya en una patología sino en una fisiología de la empresa moderna.
Esta adaptabilidad puede realizarse de dos maneras: o con un enriquecimiento y una recualificación constante del trabajo y una movilidad sostenida mediante un fuerte patrimonio profesional. O, en dirección contraria, con un recambio cada vez más frecuente de la mano de obra ocupada y de la que no ha tenido ninguna oportunidad de ponerse al día y cualificarse. En la mayoría de los casos, al menos en Italia, lo habitual es esta segunda opción, con este tipo de flexibilidad… Y en esta situación tan corriente (¡entiéndase bien!) la flexibilidad del trabajo no deja de ser un imperativo para la empresa. Pero lo habitual es que va acompañada de: un enorme despilfarro de recursos humanos y profesionales acumulados en el tiempo, que no han tenido la oportunidad de ponerse al día; un empleo precario al que corresponde una regresión de la profesionalidad; la creación de un segundo mercado de trabajo, o sea, los “poor works”.
No hay problema cuando los “poor works” coinciden con la primera fase de la vida laboral y se entrelaza (como es el caso de muchos estudiantes) con la continuidad de sus estudios y la adquisición de nuevas aptitudes. El problema existe para toda la sociedad, y para la cohesión de la misma sociedad entorno a valores compartidos cuando estos “poor works” coinciden con la formación de un ghetto al que se ven relegados los trabajadores precarios, estacionales y parados estructurales a quienes se les niega la movilidad e, incluso, actividades subordinadas o autónomas con mayores contenidos profesionales y, por ello, con más espacios de autonomía en sus decisiones. Por este motivo, con el objetivo de ocultar el problema, se ha puesto en marcha una vasta literatura que ha hecho de comparsa en los últimos años, asociando la flexibilidad, especialmente la de “salida” con la creación de puestos de trabajo y, más aún, con la tendencia al pleno empleo; una literatura que ignoraba años de verificación que demuestran que la flexibilidad del trabajo es neutra respecto al volumen general del empleo y que, incluso sus efectos pueden hacerse sentir con carencias de mano de obra disponible para empleos cualificados.
En mi modesta opinión, esta ideología de la flexibilidad sólamente ha contribuido a consolidar las resistencias en el trabajo que cambia y a esconder la enorme cuestión que surge en la era de las transformaciones tecnológicas de la información. Esta enorme cuestión, que decimos, es la socialización del conocimiento, que tiene como objetivo impedir --mediante la “fractura digital”-- la creación de una fosa cada vez más profunda entre quien está incluido de un proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida laboral y quien brutalmente está excluido del control de dicho proceso. Y es fácil ver que esto se convierte en un problema más para el futuro de la democracia.
En realidad, se trata de situar --frente a estos desafíos y contra la amenaza de una profunda fractura social entre quien tiene saberes y los que están excluidos-- los contenidos de un nuevo contrato social, de un nuevo estatuto de bases para todas las tipologías del trabajo subordinado, heterodirecto o autónomo, partiendo de la idea que, para un número creciente de trabajadores, el viejo contrato social está superado.
4. Tal como figura en el código civil, el viejo contrato social preveía substancialmente un intercambio equo entre un salario y una cantidad (de tiempo) de trabajo (abstracto y sin calidad) sobre la base de dos presupuestos fundamentales que formalmente no figuraban en el pacto:
n La disponibilidad pasiva de la persona que trabaja, no contemplada formalmente en el pacto porque hubiera supuesto un intercambio monetario con una “parte” de dicha persona;
n La duración indeterminada de la relación de trabajo, salvo eventuales ocasiones o graves culpas del trabajador, y el premio a la fidelidad y antigüedad en el trabajo para desincentivar la movilidad de un empleo a otro.
¿Qué emerge de la relación social que, en cierta medida, se desprende de las transformaciones tecnológicas y organizativas de las empresas?
Primero, que el tiempo es cada vez menos la medida del salario. La calidad de la prestación del trabajo y la intervención del trabajador son fisiológicamente diferentes en una u otra porción del tiempo. Es el fin del trabajo abstracto.
Segundo, que la creciente importancia de la calidad y autonomía del trabajo (capacidad de seleccionar las informaciones y, por ello, de tomar decisiones) comporta, también para los trabajadores “de ejecución”, una responsabilidad ante el resultado que recae en el trabajador, y no tanto en su disponibilidad de erogar ocho horas diarias de trabajo, dejando al empresario el uso efectivo de tales horas y la oportunidad de prerrimar esta fidelidad.
Tercero, que cada vez es menor --como equivalente de un salario y de una disponibilidad pasiva de la persona-- la perspectiva de un empleo estable y, en todo caso, de una relación de trabajo estable. La flexibilidad hace que, tendencialmente, desaparezca esta certeza.
5. No es ocioso proponer un nuevo tipo de contrato de trabajo que englobe en sus principios fundamentales todas las formas del trabajo subordinado o heterodirecto y toda esa jungla que se extiende con la desregulación salvaje del mercado laboral.
Frente a la caída de la estabilidad en el puesto de trabajo y el final del contrato por tiempo indeterminado (que era el que tenían, en tiempos pasados, la mayoría de los trabajadores), se puede pensar en un intercambio entre un salario ligado a un empleo flexible --ya sea en el interior de una empresa que, fuera de ella, en el mercado de trabajo-- y el acceso del trabajador a una empleabilidad. Se trataría de una empleabilidad que se concreta en una inversión por parte de la empresa, del trabajador y de la comunidad en un proceso de formación permanente y en una política de recualificación, capaz de garantizar, en vez del puesto de trabajo fijo, una ocasión de movilidad profesional en el interior de la empresa; y, en todo caso, una nueva seguridad que acompañe al trabajador, quien --después de una experiencia laboral determinada-- pueda afrontar el mercado de trabajo en mejores condiciones y con una mayor fuerza contractual. Y también se puede pensar en la manera de reconocer a la persona concreta (que deviene un sujeto responsable y activo y no pasivo en la relación de trabajo) un derecho a la información, consulta y control del objeto de trabajo: el producto, la organización del trabajo, el tiempo de trabajo, el tiempo de formación y el disponible para su vida privada; de ello, dicha persona debe responder con una actividad que ya no será ciega e irresponsable.
¿No constituiría este tipo de participación de cada cual o de los grupos colectivos un modo de extender las formas horizontales y multidisciplinares en la organización del trabajo, mediante la participación formada e informada de un creciente número de operadores?
En fin, se puede pensar en la necesidad de garantizar a todos los sujetos un contrato de trabajo y particularmente a los que recurren a la miríada de contratos por tiempo determinado o a contratos de colaboración coordinada y continua (siempre por tiempo determinado) el principio de la certidumbre del contrato. O sea, el contrato no puede ser revocado unilateralmente por parte del dador de trabajo; tan sólo podrá rescindirse cuando se haya demostrado que el trabajador ha cometido una falta muy grave. En las prestaciones más cualificadas, se puede pensar incluso en que este derecho a la certidumbre del contrato englobe a ambos sujetos de la relación de trabajo.
6. Un nuevo contrato social, inclusivo, en un welfare efectivamente universal, es algo imperativo ante las desigualdades que señalan (en primer lugar, en términos de oportunidad) el acceso a los servicios sociales fundamentales, empezando por la enseñanza y la formación. Pero aquí nos encontramos frente a otro reto que pone cuestiona la relación entre trabajo y conocimiento.
Veamos. La población envejece rápidamente en Europa y particularmente en Italia. En el 2004 el grupo etario de entre los 55 a 65 años superará, en cantidad, a los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 25 años. Y empiezan a ponerse encima de la mesa problemas relevantes, ya sea para garantizar la salud y la asistencia a las personas más longevas, ya sea para que los pensionistas tengan una renta decorosa. La única solución que hasta ahora los gobiernos han tomado en consideración ha sido la de garantizar una pensión mínima, en el límite de la supervivencia, con carácter universal; y, por otra parte, permitir a los más afortunados (los que no tienen interrupciones significativas de la relación de trabajo) el recurso a los fondos de pensiones privados.
La reducción de la seguridad en la asistencia sanitaria y en el régimen de pensiones no parece que sea una solución sostenible a medio plazo, como no sea partiendo en dos el mercado de trabajo y provocar un aumento, insostenible a la larga, de la exclusión social y de la pobreza. El único camino, difícil pero factible, para conjurar una perspectiva de ese tipo es, no obstante, el incremento de la población activa, con vistas a financiar el Estado de bienestar. Dicha población activa es, en Italia, el cincuenta por ciento de la población, mientras que en los países nórdicos está entre el 72 y el 75%. Un esfuerzo de esa envergadura comporta ciertamente un aumento de la ocupación femenina y el incremento de una inmigración cada vez más cualificada. Ahora bien, parece ineludible la promoción de un envejecimiento activo de la población, con el aumento voluntario, pero incentivado, del empleo de los trabajadores de más edad y en edad pensionista.
Sin embargo, desde ese punto de vista, hoy, la situación es dramática para los trabajadores de más edad --de más de cuarenta y cinco años-- que son los primeros en ser despedidos y cuya pérdida del empleo coincide, en la gran mayoría de los casos, con la desocupación estructural en el periodo comprendido entre los cuarenta y cinco a los sesenta años, en puertas de la pensión de jubilación. Esta es la perspectiva con la progresiva desaparición de la pensión de ancianidad. Hasta la presente, los trabajadores italianos de más de cincuenta y cinco años que traban representan tan sólo el 35 por ciento frente al 70 por ciento en los países escandinavos.
El incremento de la población activa (también para los trabajadores veteranos) aparece como la única alternativa a la reducción de la tutela de la pensión universal. No obstante, hacer frente a este reto --y, al mismo tiempo, garantizar una efectiva relación entre una población más longeva y la vida social de la comunidad en un proceso de inclusión en la vida civil y política del país-- comporta un esfuerzo extraordinario en el campo de la formación y recualificación del trabajo; un esfuerzo que implica, en muchos casos, (por ejemplo, los inmigrados y las personas mayores) la reconstrucción de un mínimo de cultura de base. Se trata, pues, de imaginar una política de la formación a lo largo de toda la vida laboral, que vaya más allá de la obligación formativa hasta los dieciocho años, capaz de modular las técnicas de formación y aprendizaje en razón a la edad, del origen, la cultura de base y del saber hacer de los trabajadores y las trabajadoras. Efectivamente, se trata de personalizar, cada vez más, las prácticas formativas para eliminar unas deficiencias tan numerosas.
7. La realización del objetivo que fijó la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa (2001) fue: elevar en diez años al setenta por ciento el nivel medio de ocupación de la población total de la Unión; incentivar el envejecimiento activo y la recualificación de los trabajadores de más edad; favorecer para todos una mayor profesionalidad hacia arriba durante toda la vida laboral… Bien, estos objetivos presuponen un cambio radical en la estructura del gasto público y en la organización del sistema formativo en todos los países de la Unión. Y particularmente en Italia que, salvo algunas excepciones, sigue siendo el farolillo rojo en el campo de las inversiones (que son inseparables las unas de las otras) en la investigación y para la formación, muy por detrás no sólo de los Estados Unidos y de la mayor parte de algunos países europeos sino, incluso, de algunos de los del sudeste asiático.
En primer lugar, un radical cambio en las prioridades del gasto público y en las formas de incentivar las inversiones privadas, destinadas a la formación y la investigación. Lo que comporta un relevante aumento de los gastos destinados a la formación e investigación en los centros de enseñanza media y en las universidades, y al mismo tiempo una consistente incentivación de las inversiones por parte de las empresas, acompañada de controles y sanciones en aquellos casos de utilización impropia de las finanzas públicas. Efectivamente, se trata de superar la renuencia de la mayor parte de las empresas (sobre todo, de las innovadas) de invertir en el factor humano, precisamente cuando una parte importante de la mano de obra tiene un empleo precario y temporal. Y, con esta finalidad, parece inevitable prever para los programas de formación, de puesta al día o de recualificación --con independencia de la intervención de las instituciones públicas nacionales y locales-- una participación de los trabajadores en su financiación y una posterior legitimación de su derecho de propuesta y control de sus programas formativos. Esto significa que la contratación del salario y del horario de trabajo deberá tener en cuenta (como una forma de “salario en especie” o de “seguro para la movilidad profesional”) el concurso de los trabajadores en la financiación y en el ejercicio de las actividades formativas que interesan a la empresa, tanto a nivel nacional como en el territorio en el caso de las pequeñas empresas
También la Unión europea podrá participar, en estas condiciones, en la financiación de las actividades formativas y de investigación, conformando todas las sinergias que puedan realizarse con otras instituciones académicas y otras empresas europeas.
Sin embargo, en lo referente a la organización del sistema formativo parece que será de fundamental importancia las relaciones transparentes entre las instituciones de la enseñanza media, las universitarias y las empresas, salvando cada cual su propia autonomía. Y no me refiero solamente a la formación profesional. En buena medida se trata de de experimentar sistemáticamente la práctica de los “stages” tanto para los estudiantes como para el profesorado. Ahora bien, la enseñanza no pretende remediar los problemas del envejecimiento y la obsolescencia.
Se trata de abrir la enseñanza secundaria y las universidades a la participación periódica de aquellos docentes que provienen del mundo de la empresa.
Y se trata, también, de dotar a la Universidad de medios y organismos adecuados para poder desarrollar en el territorio una acción de promoción de experimentos empresariales, en los que la investigación y la formación de alta cualificación puedan desarrollar un papel de impulso que sea decisivo. En esto, esta Universidad, Ca´ Foscari está dando un ejemplo de autonomía capaz de aprehender importantes experiencias que abren una nueva dimensión en el trabajo de investigación y formación en el mundo universitario.
8. No obstante, es fácil comprender que, teniendo como objetivo los acuerdos de Lisboa, la construcción de una sociedad del conocimiento no quede reducida a una cuestión de dinero u organizativa. Se trata, realmente, de poner en marcha una especie de revolución cultural que supere --con la iniciativa política y social-- tantísimas inercias que interfieren su consecución.
Inercias de las fuerzas políticas que intentan concretar en un Estado de bienestar centrado en la formación las prioridad de las prioridades en una política económica y de pleno empleo, pero que prefieren recurrir a la moda de una indiscriminada reducción de la presión fiscal, inevitablemente acompañada, además, por un recorte de los recursos para la enseñanza, la formación y la investigación.
Inercias de muchas realidades empresariales que privilegian la flexibilidad “de salida” de su mano de obra respecto a las inversiones, a medio plazo, que asegure un mayor uso de la flexibilidad del trabajo en el interior del centro de trabajo y, en todo caso, una mayor ocasión de empleabilidad y reocupación de los trabajadores.
Inercia también en la psicología de muchos trabajadores que ven, incluso con aversión, el esfuerzo en una actividad formativa solamente en los años de juventud.
Inercia en algunos sectores de la enseñanza frente a la necesidad de experimentar nuevas formas de autonomía y de poner en entredicho viejas certezas.
Y, por último, inercia también en muchos comportamientos sindicales que se retrasan en poner en el centro de la negociación colectiva la conquista de un sistema de formación para toda la vida laboral.
Así pues, podríamos ser escépticos sobre la posibilidad de realizar las estrategias de Lisboa y la posibilidad de superar (aunque sea gradualmente) el retraso de dieciocho años que se ha ido acumulando, durante la década de los ochenta, en competitividad de la economía europea con relación a la norteamericana.
Ahora bien, podemos consolarnos con dos convicciones. La primera consiste en el fracaso incontrovertible de aquellas políticas de empleo que no pasan por la promoción de una actividad formativa del hacer y saber hacer: completando y valorando la formación y la enseñanza. Y la contraprueba está representada en el sistema de aprendizaje en Alemania que ha reducido en los últimos años al mínimo el desempleo juvenil de larga duración. Vayamos, pues, en esa dirección. La segunda viene de la experiencia que viví en la década de los setenta, cuando se trató de experimentar en el mundo del trabajo asalariado y en la escuela, el acuerdo sindical de las “150 horas” de formación a cargo de la empresa por 300 horas de formación efectiva. Con todos sus límites, errores y sus rebabas, aquella experiencia liberó tales energías en el mundo de la enseñanza y en el de los trabajadores menos cualificados, consintiendo situar una nueva pedagogía para la formación de adultos y dejó huellas profundas y muchos cuadros sindicales. Esta experiencia está, hoy, dispersa en gran medida. ¡Pero fue posible!
¿Es hoy posible liberar --como si se tratase de una aventura europea-- energías, iniciativas, acciones políticas y sociales, parecidas a las de los años setenta, responsables y fuertes para nuestra economía y nuestra sociedad? A pesar de todo, estoy convencido de ello.
Muchas gracias a todos ustedes por haberme ofrecido una oportunidad para decir estas cosas.


Nota. El acto tuvo lugar el 3 de setiembre de 2002.

Traducción: José Luís López Bulla

¿POR QUÉ SE HA ABANDONADO EL PRO0YECTO DE BRUNO TRENTIN?

Mauro Beschi, Sergio Ferrari, Renzo Penna

Partito unico e una sinistra senza identità Prodi coerente, non D’Alema, nel volere la nascita del partito democratico, considerando superata l’esperienza socialista in Europa. Ciò in contrasto con i movimenti nella società. Perché si è lasciato cadere il progetto di Trentin

Romano Prodi lavora da anni alla costruzione di un soggetto politico unitario del centrosinistra che esula dalla tradizione socialista e socialdemocratica della sinistra italiana ed europea. La proposta che ha di recente avanzato di una lista unitaria delle forze dell’Ulivo alle elezioni europee del 2004 è, in questo disegno, la precondizione necessaria alla realizzazione del partito democratico. L’Internazionale Socialista, ha sostenuto Prodi, rappresenta un contenitore, un ‘otre’, vecchio, mentre il nuovo partito e i suoi rappresentanti devono collocarsi “oltre i recinti ideologici della vecchia Europa”. Posizione non nuova e coerente. Nel giugno del ’97, nella sua veste di Presidente del Consiglio, ad una delegazione di parlamentari socialisti, appartenenti ai gruppi della sinistra democratica (PDS) che lo aveva incontrato per una valutazione sulle prospettive politiche, senza molti giri di parole affermò che in Europa la fase socialdemocratica si era conclusa e non esistevano valide prospettive per i partiti socialisti. Un convincimento che riecheggiava quello di Ralph Dahrendorf il quale, con analoghi intenti, qualche tempo prima aveva parlato e scritto sulla “fine del secolo socialdemocratico”. L’affermazione suscitò nei presenti qualche imbarazzo, ma fu presto accantonata, sotto l’incalzare degli accadimenti politici che si muovevano in una direzione opposta a quella indicata da Prodi. Da noi, in Italia, erano in corso i lavori del Forum della Sinistra per il progetto della ‘Cosa 2’ e si stavano preparando gli Stati Generali della Sinistra (Firenze febbraio ’98). In Europa, nei mesi che seguirono quell’incontro, i partiti socialisti vincevano le elezioni e tornavano al governo, in Francia con Jospin, in Germania con Schroeder, mentre in Inghilterra trionfavano i laburisti di Tony Blair.
Sul perché oggi, alla vigilia di una stagione politica decisiva per le forze che si oppongono al governo Berlusconi, Prodi riproponga con forza il suo progetto, non vi è molto da discutere, se non prendere atto che, pur in una diversa situazione e rivestendo ruoli differenti, tale disegno ha continuato a vivere ed è stato portato avanti. Sia nei confronti dei partiti del centro dell’Ulivo, con la nascita, prima, dell’Asinello ed in seguito della Margherita, sia verso la sinistra con l’invito rivolto da Arturo Parisi ai Democratici di Sinistra a sciogliersi, proprio alla vigilia del loro primo Congresso (Torino, gennaio 2000). E’ essenziale, invece, per la sinistra, cercare di comprendere le ragioni delle difficoltà e delle incertezze dei DS a confrontarsi oggi con questa impostazione, e capire i motivi che hanno indotto importanti dirigenti, ad iniziare dal Presidente del Partito, a cambiare radicalmente opinione. Massimo D’Alema, nel suo ascoltato intervento al Congresso di Torino, aveva in maniera inequivoca collocato e ancorato i DS tra i partiti socialisti: “Noi siamo un partito del socialismo europeo…questo non è un tratto accessorio ma il cuore della nostra identità…Non riesco a concepire la sinistra al di fuori dell’Internazionale Socialista”. Così come netto era stato nel riconoscere chi aveva avuto ragione nel lungo duello tra le idee del socialismo democratico e l’esperienza totalitaria del comunismo: “E’ quella del socialismo democratico la parte che ha avuto ragione”. E, di conseguenza “…avremmo fatto un errore se fossimo usciti dalla esperienza del Partito Comunista Italiano per fondare un nuovo partito senza una precisa identità”. Parole importanti, pronunciate rivestendo anche il ruolo di capo del governo, che avevano il merito di prendere con nettezza le distanze dalle posizioni di coloro che, nel realizzare la svolta che portò alla nascita del PDS, avevano messo sullo stesso piano la crisi e il crollo del comunismo con quella della socialdemocrazia. Affermazioni precise, anche se venute dopo undici anni dalla caduta del muro e senza che le resistenze ad inserire la parola “socialista” nel nome del partito, già presenti alla nascita del PDS, come riferisce Fassino nel suo libro, fossero superate. E nonostante che l’“impaccio” della presenza in Italia di un altro significativo partito socialista, nel frattempo, fosse venuta meno. Quelle resistenze non esprimevano, naturalmente, solo difficoltà di carattere terminologico, ma celavano un dissenso politico e il permanere di ambiguità su una questione fondamentale: l’identità presente e futura del partito dei Democratici di Sinistra. Dissenso mai del tutto superato e che ritroviamo, ad esempio, in recenti scritti di Reichlin (Riformismo e capitalismo globale, 2003) nei quali si continua a legare l’esaurimento del comunismo a quello del socialismo e addirittura si afferma che occorre “prendere atto che la parola stessa ‘socialismo’ non si capisce bene cosa significhi”.
Risulta veramente poco comprensibile come, in una fase nella quale, grazie al protagonismo di grandi soggetti sociali e dei movimenti, e mentre stava emergendo nella coscienza degli elettori del centrosinistra la necessità di tenere insieme profilo programmatico ed azione politica, si proponga, nei fatti, di accantonare il carattere costitutivo l'identità dei DS, senza un minimo di riflessione teorica e, ancor di più, senza una grande ed appassionata discussione di massa che ne faccia comprendere la necessità. Posizioni che rappresentano comunque la spia delle difficoltà e delle incertezze dei DS a confrontarsi con la vera sfida politica riproposta con nettezza da Prodi. Non si comprende cosa spinge oggi il gruppo dirigente del partito a giustificare la nascita di un indistinto “partito riformista europeo” o, per citare le preoccupazioni di un D’Alema insolitamente autocritico (3 ottobre 2001), “…a far sì che si compia l’aspirazione di una parte del centrosinistra – ulivista e centrista – a rendere subalterna la sinistra riformista di radice socialista”. Va anche detto che questa ‘aspirazione’ è stata resa più agevole proprio dalla proposta che, da ultimo e contraddicendo precedenti affermazioni, Giuliano Amato e Massimo D’Alema hanno espresso, con l’intento di superare l’esperienza socialdemocratica e l’Internazionale socialista, per dare vita ad una sorta d’Internazionale democratica. Proposito che, per dirla con Massimo Salvadori: “rappresenta l’ennesima variante della tradizionale velleità della sinistra italiana di mascherare le proprie debolezze”.
Si impongono pertanto una serie di domande alle quali occorre rispondere, prima di procedere oltre. Un tale disegno non è forse in contraddizione con le indicazioni e le sollecitazioni venute in questi mesi dalla parte più attiva della società civile e del mondo del lavoro che certo non hanno richiesto all’opposizione e, in particolare, alla sinistra uno spostamento del proprio agire in senso più moderato o centrista? E ancora, non rappresenta, forse, una precipitosa e poco motivata fuga in avanti del ceto politico dalle vere priorità sulle quali tutto il centrosinistra dovrebbe essere impegnato: in primo luogo la definizione del programma per le prossime elezioni e la costruzione, attorno a questo, di una coalizione più ampia dell’attuale Ulivo, comprensiva di Associazioni, Movimenti e con un’intesa politica di legislatura con il partito di Bertinotti? Quale cambiamento si è prodotto, in questo breve tempo, nella società e nella politica italiana tale da determinare un mutamento così radicale nelle prospettive dei DS e da giustificare la rinuncia ad un’autonoma istanza della sinistra?. E’ proprio così difficile per i DS sostenere con il massimo di lealtà un’alleanza tra il riformismo socialista e gli altri riformismi, e non essere invece così disponibili all’assimilazione del primo ai secondi come, inevitabilmente, capiterebbe con la costituzione di un’indistinta formazione democratica? Come si pensa di rappresentare la sinistra senza un soggetto, una politica, una costruzione intellettuale, o questo è l’approdo cui si mirava già da tempo? Una sinistra che perde la sua ispirazione socialista, venendo meno alle sue idealità, ai suoi valori e ai suoi fini, non cessa anche di essere di sinistra, creando sconcerto, disagio e divisione in una parte significativa dei militanti e del proprio elettorato? Su questo punto appare senza dubbio condivisibile la tesi sostenuta da Salvadori: “Il riformismo della sinistra, che continuo a vedere legato primariamente al socialismo, deve avere una sua autonomia, i suoi referenti sociali privilegiati, e ha bisogno di uno specifico soggetto che se ne faccia rappresentante…”.
Va per altro ricordato che, in quest’ultimo anno e mezzo, quanti si sono mossi e hanno manifestato, non l’hanno fatto solo per difendere la democrazia e la Costituzione dagli assalti del governo, o richiedere all’opposizione maggiore unità, ma anche per affermare il valore di una ‘democrazia partecipata’ che non intende più delegare senza riscontri e, nello stesso tempo, per segnalare i difetti di crescente autoreferenzialità e chiusura al rinnovamento di una parte non piccola della classe politica del centrosinistra. Sottovalutare nelle future decisioni e comportamenti questo comune sentire di tante persone, rischia di essere pagato in minore entusiasmo e ridotta partecipazione nei futuri decisivi appuntamenti elettorali. Rischi e difficoltà che il gruppo dirigente dei DS sembrava aver capito, specie dopo aver prodotto, con la regia di Bruno Trentin, e approvato in occasione della Convenzione per il programma di Milano (aprile 2003), un impegnativo aggiornamento dei contenuti e della propria strategia. Ed allora perché non si è riflettuto sulle ragioni di fondo per le quali i risultati elettorali hanno premiato, non chi, come Rifondazione, tendeva a farsi rappresentante esclusivo della protesta sociale, ma un progetto che si veniva delineando da una esigenza di trasformazione (socialista) necessariamente gradualista (riformista), un progetto che conteneva in sé la rappresentanza di valori e di esigenze poco avvertite nella pratica politica degli ultimi anni? In questo contesto è stato comunque importante che il Segretario abbia evitato, nelle fasi più complicate della polemica interna, di seguire chi gli indicava la strada sbrigativa del procedere solo con “chi ci stava”, e operato per tenere aperto il dialogo e il confronto, sia all’interno del partito che nei confronti degli interlocutori esterni. Dialogo, confronto, pratica democratica e rispetto delle diverse posizioni che adesso, per la portata delle opzioni poste e le decisioni da assumere, risultano indispensabili ed è anzi necessario chiedere e fare molto di più.
Associazione LABOUR “Riccardo Lombardi”

lunes, julio 10, 2006

Se recomienda la lectura y el estudio de esta entrevista que se le hizo a Bruno Trentin. No tiene desperdicio.
Es un consejo de Rafael Rodríguez Alconchel.


http:// www2.trainingvillage.gr/downhoad/journal/bull-2/2_es_inter.pdf

miércoles, julio 05, 2006

DESDE BRASIL: GRAMSCI Y TRENTIN

(A propósito del libro de BT "La città del lavoro")



Eduardo Magrone



O ano gramsciano de 1997 se fechou, no Brasil, pouco antes do início do verão. O cenário foi a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aí, na Faculdade de Educação da Universidade Federal (UFJF), o Núcleo de Estudos Sociais do Conhecimento e da Educação promoveu, entre 26 e 28 de novembro, o seminário internacional "Gramsci, 60 anos depois", com o objetivo de discutir o pensamento daquele marxista, "responsável por alguns dos principais estudos sobre a estrutura das sociedades de capitalismo avançado" [*].
O seminário de Juiz de Fora retomou, assim, o propósito de um outro evento acadêmico realizado na cidade de Franca, em São Paulo, onde a Faculdade de História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) organizou, nos dias 19-22 de maio, o seminário "Gramsci: a vitalidade de um pensamento". Na mesma direção, mas com objetivos mais modestos, trabalhou o Grupo de Teoria Política do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), com a reunião "Gramsci revisitado: Estado, política, hegemonia e poder", nos dias 25-26 de setembro.
Os três eventos evidenciaram que Gramsci continua a ser, no Brasil, um pensador capaz de seduzir, de apaixonar, de provocar os diferentes ambientes intelectuais, sobretudo os jovens (o seminário de Franca foi assistido por mais de 400 estudantes; o de Juiz de Fora, por mais de 150). Como se sabe, Gramsci tem uma interessante fortuna no Brasil, país onde a publicação dos Cadernos temáticos foi iniciada nos anos 60 e onde, sobretudo a partir da metade dos anos 70, o pensamento de Gramsci adquiriu ampla difusão, em meio à crise da duríssima ditadura, ao início da progressiva democratização e ao sucesso mundial do eurocomunismo.
Gramsci funcionou como inspirador de importantes debates dentro da esquerda brasileira, então à procura de uma revisão de seu patrimônio teórico e percurso político, foi utilizado por muitos intelectuais de orientação liberal ou social-democrata, consumido por áreas católicas e usado com grande liberdade em inúmeros ambientes acadêmicos especializados (pedagogia, sociologia, ciência política, antropologia, história). Parte importante do léxico gramsciano (sociedade civil, hegemonia, intelectual orgânico, bloco histórico) foi incorporada à linguagem corrente, tornando-se mesmo uma "moda". Tudo isto indica, entre outras coisas, que no Brasil é bastante grande sua capacidade de "dialogar" com interlocutores diferentes.
Nos três seminários, intervieram, ao lado de alguns dos principais estudiosos da obra de Gramsci no Brasil (Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Vianna, Marco Aurélio Nogueira, Oliveiros Ferreira, Ivete Simionatto, Paolo Nosella), diversos intelectuais mais ou menos especializados (filósofos, historiadores, pedagogos, sociólogos, cientistas políticos), evidenciando a presença de Gramsci nas várias áreas científicas. Em Juiz de Fora, onde se realizou o único encontro internacional, estiveram presentes dois italianos (Guido Liguori e Roberto Finelli), demonstrando a disposição dos pesquisadores brasileiros de estimular o intercâmbio com gramscianos de outros países. Os temas escolhidos para os debates (globalização, sociedade civil, revolução passiva, marxismo, política, democracia, crise) focalizaram o centro da atual discussão sobre Gramsci no Brasil: fazer um balanço de sua presença na cultura política brasileira e examinar a atualidade da teoria gramsciana diante de um mundo que adquire cada vez mais novas características.
Já na conferência de abertura do encontro de Juiz de Fora, Liguori perguntava: se a globalização é um "fato inédito e original", um fenômeno autenticamente "novo", que conseqüências é preciso tirar daí? "Como recolocar o pensamento de Gramsci neste novo cenário e qual interpretação do pensamento de Gramsci se fortalece e se impõe neste contexto?". Polemizando com diversos intérpretes de Gramsci, mas sobretudo com o último livro de Bruno Trentin (A cidade do trabalho. Esquerda e crise do fordismo. Milão, Feltrinelli, 1997) e todos aqueles que "lêem" Gramsci com lentes liberais, Liguori ofereceu uma importante contribuição para o debate sobre a herança de Gramsci e a disputa, ainda viva, em torno do "verdadeiro" Gramsci. "Podemos, se acreditarmos nisto -- afirmou Liguori --, dizer que Gramsci foi um grande, mas que agora pensamos de um modo profundamente diverso. Não podemos atribuir-lhe a aceitação de um sistema socioeconômico que ele abomina".
Este foi o diapasão de inúmeras outras intervenções nos diferentes seminários. Não casualmente repontou com vigor o debate sobre o problema da "sociedade civil", ou seja, o problema da visão dicotômica e não-dialética que pensa a sociedade civil como o oposto mecânico do Estado e da economia, um "outro" nível da realidade completamente separado do mundo dos interesses materiais e mesmo do mundo da política. Foi este um dos temas principais da intervenção, entre outras, de Finelli em Juiz de Fora, dedicada à discussão das "contradições da subjetividade".
Também no Brasil, a categoria de sociedade civil se tornou o pilar da maré neoliberal e invadiu até o universo cultural da esquerda, bastante fascinada em nossos dias pelo tema dos "direitos de cidadania". Em Gramsci, como se sabe, há sempre a defesa da dialética de unidade/distinção entre estrutura e superestrutura, economia, política e cultura, sociedade civil e Estado. Somente neste sentido se pode afirmar o primado da sociedade civil, isto é, o primado daquele âmbito societal que surge como o locus em que se organiza a subjetividade e se dá o choque de hegemonias ideológicas, aquele âmbito que expressa uma dada economia, que é parte integrante do processo global de produção/reprodução das relações de classe. Por isto, os sujeitos sociais se candidatam ao domínio e à hegemonia na medida em que "se tornam Estado". Sem Estado (sem uma ligação com o Estado e sem uma perspectiva de Estado), não há sociedade civil digna de atenção, menos ainda associada ao universo gramsciano: sem Estado não pode haver hegemonia.
Nada há de mais estranho a Gramsci (pode dizer-se: ao marxismo) do que uma concepção de "sociedade civil" maniqueisticamente pensada como o oposto virtuoso do Estado, como o reino vazio de política, em que os interesses (os movimentos sociais, as associações, as lutas pelos direitos) vivem em completa liberdade e em completa liberdade conseguem subverter o sistema da ordem. Uma sociedade civil sem Estado é uma verdadeira "selva" em que coexistem interesses fechados em si, não "comunicantes" e refratários aos "controles" da comunidade política (situação na qual se prolongaria imensamente a não-resolução do problema de saber quem equilibra os interesses, protege os mais fracos e garante direitos e conquistas; situação em que já não mais existe a possibilidade de uma nova hegemonia, em que "público" é somente a soma de direitos individuais/grupais categoricamente afirmados, vale dizer, afirmados sem a recíproca afirmação dos deveres).
Os três encontros fizeram mais do que registrar em grande estilo o ano gramsciano no Brasil. Deixaram patente que a esquerda brasileira pode achar em Gramsci não só um marxista "clássico" e pleno de sugestões teóricas, mas sobretudo um pensador que nos ajuda a compreender nosso tempo e nos oferece uma perspectiva. Noutras palavras, nos oferece precisamente o elemento decisivo não só para estarmos presentes na "grande transformação" de nossos dias, mas para dirigi-la para fins mais justos e generosos, mantendo viva a grande utopia gramsciana de passar de uma sociedade de governantes e governados para uma sociedade de governados que governam. __________________ Para adquirir o número especial da revista Educação em Foco, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com as intervenções feitas neste seminário, pode-se escrever para Eduardo Magrone, organizador do evento. __________________




Guido Liguori


Gramsci e o taylorismoTambém no debate recente da esquerda italiana se impôs o tema da “crise do político” e do retorno a uma estratégia baseada no “social”. Os processos de globalização e de crise do modelo fordista, no dizer de alguns, teriam diminuído fortemente a importância do Estado e dos Estados nacionais em favor da sociedade civil e das forças econômicas; seja como for, em favor das forças pré-estatais ou não-estatais que na sociedade civil agem e parecem haver conquistado -- sobretudo após o colapso do “socialismo real” e a crise dos vários modelos de welfare de matriz keynesiana -- uma nova centralidade tanto na realidade factual quanto, por reflexo, no “dever ser” da esquerda. A partir deste pressuposto podem se originar hipóteses estratégicas diversíssimas, como aquelas contidas -- mais ou menos implicitamente -- em dois importantes livros recentes: o já citado A esquerda social. Além da civilização do trabalho, de Marco Revelli, e A cidade do trabalho. Esquerda e crise do fordismo, de Bruno Trentin. Por uma parte, Revelli, com efeito, dá por terminada a possibilidade de fundar no trabalho os processos de identidade social, individual e coletiva; por outra, Trentin ainda indica no trabalho o centro dos processos de identidade e de estratégia política, ainda que num panorama nitidamente pós-fordista. Ao lado dessa divergência fundamental, no entanto, é possível divisar também uma convergência importante: ambos os autores -- com percursos biográficos, análises e propostas políticas diferentes -- concordam em que a esquerda deve rever-se radicalmente a si mesma a partir da crítica/superação daquele que foi até aqui o seu comportamento diante da política e do Estado. Nesse texto me interessa, sobretudo, seguir o raciocínio elaborado por Trentin, porque ele se funda em grande medida no “corpo a corpo” teórico-político que o autor empreende com Antonio Gramsci. Trentin, efetivamente, em suas tentativas de repensar em profundidade as perspectivas estratégicas da esquerda, relê com simpatia diversos autores historicamente minoritários da esquerda do século XX, todos reunidos por uma acentuada vocação antiestatal e antiinstitucional, tais como Luxemburg e Korsch, Bauer e Weil; no entanto, é com o autor dos Cadernos que ele debate mais em profundidade e mais amplamente, através de uma complexa leitura plena de luzes e de sombras. Trentin usa Gramsci, nesse livro, de dois modos -- um mais evidente, outro menos. No tocante ao primeiro modo, me refiro à segunda parte do volume, intitulada “Gramsci e a esquerda européia diante do ‘fordismo’ no primeiro pós-guerra”. O outro caso se relaciona, ao contrário, a um uso mais discreto de Gramsci, mas igualmente importante ou talvez até mais importante no âmbito do discurso geral do livro; um uso que liga Gramsci ao conceito de sociedade civil, que consideramos central em todo o volume. O Gramsci que Trentin toma como alvo na segunda parte de seu livro é o Gramsci tanto de Ordine Nuovo quanto de “Americanismo e fordismo”, o Gramsci -- sublinha o autor -- que teria “suposto como racionais e, portanto, imutáveis, as formas históricas de organização e de subordinação do trabalho humano”. Embora Trentin reconheça a Gramsci ter sido menos produtivista do que Lênin, de um modo ou de outro o considera subalterno ao fascínio do modo de produção burguês. Ou seja, considera-o inteiramente dentro daquela cultura terceiro-internacionalista (e não só) pela qual o processo produtivo, a organização científica do trabalho deviam ser transportados do capitalismo ao socialismo sem serem submetidos a crítica. É o Gramsci de Ordine Nuovo quem convidava os operários a substituírem-se aos patrões, mas sem mudar, sem transformar a fábrica, antes e junto com a sociedade e o Estado. Seria justa essa crítica de Trentin a Gramsci? Parece-me que não é destituída de fundamento: também em Ordine Nuovo existe o tema (amplamente presente na cultura comunista do tempo) da necessidade prioritária de preservar e aumentar a disciplina do trabalho e a produção depois da revolução, atribuindo a “culpa” da escassa produtividade operária apenas à presença do capitalista e, desse modo, sustentando que, eliminado o capitalista, também se elimina o problema: O mundo tem necessidade de produção multiplicada, de trabalho intenso e febril; os operários e camponeses somente vão descobrir a capacidade e a vontade de trabalho quando a pessoa do capitalista for eliminada da indústria, quando o produtor tiver conquistado sua autonomia econômica na fábrica e no campo e sua autonomia política no Estado dos Conselhos de delegados dos operários e camponeses. E também existe, além disso, a ilusão (de derivação leniniana) da possibilidade de um uso não taylorista do taylorismo de uma “forma de ‘americanismo’ aceitável para as massas operárias” , como o próprio Gramsci recorda nos Cadernos, falando de Ordine Nuovo. De resto, a tese defendida por Trentin não é nova. E mesmo quem investigou, com resultados interessantes, o tema específico da atitude de Gramsci diante da organização da produção, desde o “biênio vermelho” até os Cadernos, sustentando em geral (com razão) a tese da irredutibilidade de Gramsci à cultura industrialista e produtivista da Terceira Internacional, teve de reconhecer que “falta efetivamente em Gramsci uma reflexão precisa sobre as contradições peculiares ligadas ao taylorismo”. Dito isto, também deve se lembrar que a fábrica diante da qual se encontra Gramsci é, em grandíssima medida, uma fábrica pré-fordista: fordismo e taylorismo se afirmarão plenamente na Itália somente muito mais tarde, e certamente não é casual que uma nova sensibilidade para a organização do trabalho, por parte do movimento operário, só surgirá na Itália com o “segundo biênio vermelho”, em 1968-1969. Deve se lembrar que a peculiar estratégia de conselhos de Ordine Nuovo, original inclusive em relação à soviética, porque tendia a relacionar fortemente Estado e fábrica, política e lugar/sujeito da produção, já representa em si um obstáculo objetivo, uma insubordinação implícita em face da “organização científica do trabalho”. Deve se lembrar que Gramsci sente, e em alguma medida vive, o conjunto dos produtores, operários e técnicos, da fábrica como uma comunidade, um corpo coletivo, o que a meu ver tem implicações na direção de revalorizar o sujeito operário, de não considerá-lo sob aquele aspecto puramente quantitativo que Trentin estigmatiza com razão. E um outro aspecto dos anos de Ordine Nuovo Trentin – do seu ponto de vista -- poderia ter valorizado muito mais: a construção teórica, em Gramsci, de um modelo de Estado não fundado no cidadão, mas no produtor, ou seja, um modelo no qual se tenta uma recomposição de citoyen e bourgeouis, uma vez que Gramsci aceita plenamente o conhecido argumento marxiano, denunciando justamente o caráter abstrato da categoria de “cidadão”. É uma temática que também fala a nosso presente teórico: o horizonte da cidadania -- às vezes se lamenta -- não vai além dos portões da fábrica. E me parece que não possa ir além deles, porque essa categoria teórica é constitutivamente estranha ao discurso das classes e da divisão de classes, que encontra na fábrica sua evidência mais macroscópica. A não ser que se entenda com o termo “direitos” -- sempre relacionado, contraditoriamente, ao tema “cidadania” -- aquilo que na realidade a classe operária consegue arrancar no terreno da luta de classes. Como também a história desses anos nos ensina, que quando mudam as relações de força, os supostos “direitos” desaparecem. Os poderes privados, na realidade, não encontram no direito nenhuma limitação. De resto, o fato de a cultura de esquerda ter substituído, já na passagem decisiva dos anos setenta para os anos oitenta, a leitura da realidade baseada na divisão da sociedade em classes e na relação entre as classes por uma leitura baseada no tema da cidadania e dos direitos, foi e é, de per si, homólogo (e propedêutico) ao triunfo atual da “sociedade civil”: nesse processo, aliás, se efetiva em boa parte aquele “triunfo do neoliberismo” que mencionei acima. 4. O mito da sociedade civilO segundo uso de Gramsci feito por Trentin, igualmente importante, ou talvez mais importante, no âmbito de sua argumentação de conjunto, liga Gramsci ao conceito de sociedade civil. Se, por uma parte, Trentin critica Gramsci a propósito dos temas da fábrica e da organização do trabalho, por outra mostra querer aceitar substancialmente sua lição no tocante ao primado da “sociedade civil”. Só que, a meu ver, aquilo que Trentin acredita ser as teses de Gramsci sobre a sociedade civil é, na realidade, a interpretação, ainda que importante, que do conceito de sociedade civil em Gramsci propôs Norberto Bobbio em sua célebre intervenção no encontro de Cagliari de 1967 e, em seguida, muitas vezes reeditada em livro: provavelmente o escrito sobre Gramsci que (a partir do final dos anos sessenta) teve maior influência e repercussão em toda a já imensa literatura sobre o argumento. Ainda que sem defender o alheamento de Gramsci em face da tradição marxista, o estudioso turinense sublinhava fortemente seus motivos de autonomia (que muitos leriam depois como “afastamento” e “inversão”) diante daquela tradição, determinados justamente a partir de uma concepção particular do conceito de sociedade civil. Esquematicamente, o argumento de Bobbio é o seguinte: tanto para Marx quanto para Gramsci a sociedade civil é o verdadeiro “teatro da história”. Mas para o primeiro ela faz parte do momento estrutural e para o segundo, do superestrutural; para Marx o “teatro da história” era a estrutura, a economia, e para Gramsci, a superestrutura, a cultura, o mundo das idéias. Para Bobbio, Gramsci era, sobretudo o teórico das superestruturas, no sentido de que o momento ético-político tinha em seu sistema teórico um lugar de fundação inédito em relação a Marx e ao marxismo. A antiga proclamação de Benedetto Croce diante das Cartas do cárcere -- “como homem de pensamento, ele foi um dos nossos” -- era repetida incansavelmente por Bobbio, que podia assim inserir Gramsci, líder comunista e teórico marxista, ainda que aberto e inovador, na grande tradição do pensamento liberal. Ou seja, repetia-se uma interpretação através da qual a cultura liberal buscava reabsorver Gramsci, dele fazendo um seu autor. Mas, para construir sua tese, Bobbio devia assumir e dar como suposta uma leitura mecanicista da relação estrutura-superestrutura, na qual a determinação em última instância de um dos dois termos se tornava determinação forte e imediata do altro nível da realidade: “teatro de toda a história”. Isto é, a estrutura ou a superestrutura, segundo o termo considerado mais importante (em Marx ou em Gramsci), parecia determinar completamente o outro. Parecia não haver mais momentos ao mesmo tempo de unidade e de autonomia, e de ação recíproca, entre os diversos níveis da realidade, momentos próprios de toda concepção dialética, como é indiscutivelmente a concepção de Gramsci. Já Togliatti, em 1958, falando da relação entre Estado e sociedade civil nos Cadernos, tinha sublinhado a natureza metódica e não orgânica dessa distinção, sobre a qual, de resto, Gramsci chamara a atenção inclusive ao propor o conceito de “bloco histórico”. Estrutura e superestrutura, economia, política e cultura são para Gramsci esferas unidas e ao mesmo tempo autônomas da realidade. Um dos pontos centrais do marxismo de Gramsci é não poder nem querer separar de modo hipostasiado nenhum aspecto do real (economia, sociedade, Estado, cultura). É indiscutível que em Gramsci haja o primado da subjetividade, da política, mas num sentido diverso daquele registrado por Bobbio. Sua tentativa de construir uma teoria da política e das formas ideológicas se dava invariavelmente a partir de Marx. Além disso, no marxismo de Gramsci irrompiam as novidades registradas na relação entre economia e política neste século, a ampliação da intervenção estatal na esfera da produção, a obra de organização e racionalização com que o político se refere à sociedade e em alguma medida a produz. Eram justamente os processos que -- a partir da fábrica fordista -- se haviam imposto nas sociedades capitalistas avançadas, e que Gramsci, por muito tempo único entre os marxistas, havia colhido em primeiro lugar. E se aqui havia uma novidade em relação a Marx, isso se devia ao fato de que se produzira uma novidade na história real que Bobbio não via devido à formalização idealista de seu discurso, que sempre vai de teoria a teoria, sem que nessa história das idéias jamais entre a história efetiva, sem que jamais apareça o referente real; nesse caso, as sociedades sobre as quais Marx e Gramsci refletem. A tradição liberal-democrata buscava mais uma vez assimilar Gramsci aos muitos intelectuais que o haviam precedido, dissolvendo os contornos reais de sua figura histórica, aquele nexo de teoria e prática que era a chave para compreender o que verdadeiramente dizia o autor dos Cadernos. Por que exatamente essa leitura de Bobbio tem um papel central na construção teórica de Trentin? Não seria, também isso, um dos tantos sinais do fato de que muitos intérpretes da esquerda estão hoje lendo o mundo pós-89 com as categorias centrais do pensamento liberal e, portanto, com o risco de uma forte subestimação do papel da política em favor da categoria de “sociedade civil”, quase por um processo, obviamente inconsciente, de “revolução passiva”? Evidentemente, o colapso dos socialismos reais e os limites manifestados pelo welfare não podem deixar de produzir perguntas, críticas e autocríticas, assim como a história soviética deste século também leva a refletir sobre a validade de alguns enunciados da teoria liberal no tocante aos limites do poder. O livro de Trentin é um ato de acusação argumentado e fascinante contra um certo marxismo excessivamente politicista e estatista. Resta o fato de que o “retorno à sociedade civil” foi a palavra de ordem do neoliberismo dos anos oitenta: chega de Estado -- em primeiro lugar, obviamente, o Estado social --, que a sociedade faça! Chega de política, chega de políticos profissionais, que ajam os representantes da sociedade civil! Naturalmente, existem duas versões desse “retorno à sociedade”, ambas centradas na crítica do político e ambas reforçadas pelo leitmotiv da globalização. A versão de direita, neoliberista em sentido estrito, que põe no centro do próprio universo os “espíritos animais do capitalismo”. E uma versão de esquerda, que pretende garantir os direitos e ampliar a cidadania, mas que -- justamente no momento em que põe como centrais tais categorias -- adere (às vezes inconscientemente) a uma visão propriamente liberal (e de fato também liberista). Ou seja, um tal horizonte teórico tem em sua base, de um modo ou de outro, uma concepção antropológica do sujeito inevitavelmente liberal: o indivíduo como prius, como o que vem antes de seu ser em sociedade, e por isto é portador de direitos. Ao passo que o marxismo, e Gramsci tem uma outra concepção do indivíduo, fundamentalmente relacional. Obviamente, existem concepções diversas da sociedade civil. Em Marx ela é o conjunto das relações pré-estatais, tendo ao centro as de tipo econômico. Em Gramsci (no rastro de um certo Hegel, como o próprio Bobbio especifica), ela compreende seja as relações pré-estatais seja sua regulamentação por parte do Estado: mais uma vez um pensamento dialético que não separa os diversos aspectos do real. No entanto, Bobbio, cuja teoria política é fortemente dicotômica e procede por pares opositivos, põe a dicotomia Estado-sociedade civil também no centro do pensamento de Gramsci, negando assim justamente aquilo que em Gramsci é mais importante: a não separação, a unidade dialética entre política e sociedade, entre economia e Estado. No rastro de Bobbio, não é, portanto casual que Trentin leia em Gramsci uma contradição entre centralidade do social e papel de legitimação do Estado. Partindo de Bobbio, ele subestima, a meu ver, o fato de que Gramsci atribui grande importância político-cognoscitiva aos sujeitos sociais e às formas de sua oposição e de sua relação (temática da hegemonia) e, ao mesmo tempo, põe no centro de sua reflexão o Estado: uma aproximação, essa entre hegemonia e Estado, por certo não-casual. ________________________








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lunes, julio 03, 2006

LA LIBERTA VIENE PRIMA: UN LIBRO DE TRENTIN

Esta recensión la ha hecho Mario Dellacqua. Nosotros recomendamos la lectura de este libro. Los pedidos pueden hacerse a gianmario.gillio@editoririuniti.it Debe quedar claro que Rafael Rodríguez Alconchel (ni nadie) cobra comisión por recomendar este u otros libros. Sólo vale 12 euros: más barato que dos cuba-libres.


Mario Dellacqua

Che strano, a volte. Ti giri da una parte e vedi un'Italia che tira il fiato per lo scampato pericolo. "Il rischio della democrazia italiana, privata di televisioni e intimidita gravemente nei giornali, era rappresentato da una persona sola", dal "potere troppo grande, troppo arbitrario, troppo circondato di silenzio, di Silvio Berlusconi". Ora, per fortuna, "il predominio e la prepotenza di un uomo solo" senza del quale "a destra non c'è niente di cui vale la pena occuparsi" sta per finire e "la missione è compiuta".C'è da augurarsi che l'ottimismo di Furio Colombo, straripante dalle colonne de L'Unità del 17 aprile, sia fondato. Ma se ti giri dall'altra parte, non sei più così sicuro che esista "un solo grande problema".
Se si legge la raccolta di scritti che Bruno Trentin ha da poco consegnato agli Editori Riuniti con l'inquietante titolo "La libertà viene prima", ci troviamo di fronte ad un'altra Italia. Il Paese che l'ex-direttore dell'Unità vede liberato grazie al tracollo irreversibile della leadership di Berlusconi, per l'ex-segretario generale della Cgil è invece pieno di problemi fin sopra i capelli. E il centro-sinistra ha poco da stare allegro e molte ragioni per rimboccarsi le maniche d'urgenza.
Trentin forza una porta per troppi anni rimasta blindata, quando spiega che per più di un secolo il movimento operaio ha affidato al conflitto distributivo per una migliore ripartizione della ricchezza il potere automatico di rispondere nella fabbrica socialista alle aspirazioni di libertà della persona umana. Già questo è un bel filo da torcere per una generazioni di intellettuali, di ricercatori, di militanti e di dirigenti politici che abbiano la testa sul collo e sappiano tenerla alta indipendentemente dall'uditorio che incrociano.

Ma Trentin non si accontenta di discutere l'argomento con Pino Ferraris e di esaminare le tormentate risposte che il movimento sindacale ha cercato di offrire all'antico problema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende: consigli di gestione nella tradizione socialista e comunista, azionariato popolare nel pensiero cattolico o diritti di informazione alla scuola della Flm nei contratti nazionali del 1976? Per l'oggi, egli denuncia "l'assenza di un progetto" e, aprendo una porta sfondata, lo afferma anche a costo di vestire i panni del dirigente di prestigio ieri riverito e oggi studiosamente emarginato dagli stati maggiori.
In effetti, il dente è avvelenato. Ce n'è un po' per tutti. Per quattro volte, prima il Pds e poi i Ds hanno tentato di formulare documenti programmatici, ma poi hanno praticamente lasciato morire il cimento perché non vogliono lasciarsi imprigionare preventivamente in un trasparente patto con gli elettori. Preferiscono decidere sentendo l'aria che tira. Recitano a soggetto e rifiutano di volare alto. Sono provinciali perché mostrano "flebile interesse per qualche proposta di riforma" solo se costituisce "il pretesto per parlare dei conflitti tra i leader e decifrare" ciò che ci sta dietro. Rivelano di dipendere ancora troppo da una cultura del trasformismo che riconosce come un valore e non come una necessità la capacità di adattamento mimetico della politica alle circostanze. Di qui a sommare per ragioni puramente elettorali delle priorità tra loro contraddittorie, il passo è breve.
Trentin ha il dente avvelenato con Michele Salvati, perché dice di non aver "trovato nulla" nel "Manifesto per l'Italia" elaborato dalla Convenzione programmatica organizzata dai Ds a Milano. Poi non perdona l'esercito degli ideologi che hanno visto la "fine del lavoro" nelle grandi trasformazioni subite dagli assetti produttivi con il crollo del fordismo. Al contrario, si trattava di un'espansione su scala mondiale di tutte le forme di lavoro che fanno della persona che lavora pensando una tendenza che unifica un mondo disarticolato dal proliferare di nuove figure sociali, di cento condizioni contrattuali, di sfuggenti soggettività culturali.
Con la variopinta area del massimalismo, Trentin affonda la motosega e non il coltello nella ferita. Gli intellettuali d'assalto che contavano di dare una spallata al sistema con il "più uno!" delle rivendicazioni salariali hanno fatto una brutta fine e non ne prendono ancora atto. Continuano ad agitare le bandiere della protesta e ad impiegare linguaggi intransigenti, ma sono ridotti a fiancheggiare l'opera difensiva di quanti cercano nelle pieghe del welfare il risarcimento di poteri ormai travolti all'interno delle imprese. Con proterva superficialità - e senza uno straccio di successiva riflessione - sono state allegramente archiviate dai loro stessi sostenitori le 35 ore per via legislativa. Senza alcuna popolarità e senza una sola ora di sciopero erano come gli aumenti uguali per tutti che Trentin osteggiò e accettò a malincuore persino alla vigilia dell'autunno caldo quando era segretario generale della Fiom. Quella cultura dura a morire nega le trasformazioni e rifiuta di governarle per non sporcarsi le mani. Al massimo (che poi è il minimo) aspetta che esplodano nella speranza di guadagnare la liberazione di energie antagonistiche da spendere non si sa bene dove e come.
Infine Trentin critica quella sinistra succube dell'egemonia neoliberale che propone senza ritegno per l'oggi la riduzione del salario contrattuale ai nuovi assunti e per il domani la riduzione dei trattamenti pensionistici. L'ex leader della Cgil polemizza anche con Rosy Bindi, Tiziano Treu e Francesco Rutelli. Egli sostiene che la salute dei conti dell'INPS presuppone l'aumento della popolazione attiva e, necessariamente, passa attraverso il prolungamento incentivato dell'attività lavorativa: una strada già battuta con successo nei paesi scandinavi dove lavora il 70 per cento degli ultra55enni, mentre in Italia siamo fermi al 30 per cento.
Ma per fare ciò occorre una politica della formazione e dell'aggiornamento professionale capace di investire tutto l'arco della vita, di riqualificare i lavoratori anziani e di tutelarli con la mobilità verso altri impieghi quando le aziende ristrutturano, ridimensionano gli organici o addirittura chiudono. Insomma, è vero che l'istruzione costa cara, ma un paese moderno che vuole affrontare le sfide dell'economia globalizzata sa che quanto si risparmia con la diffusione sociale dell'ignoranza porta prima al degrado e poi alla rovina.
Può darsi che le elaborazioni di Trentin facciano venire l'orticaria come è successo a qualche esponente diessino turbato dalle invettive di Furio Colombo contro "il regime" berlusconiano. Non c'è dubbio, però, che i suoi interrogativi pretendono una risposta d'urgenza, non perché ce lo chiede Trentin, ma perché la grande domanda di unità che ha animato i primi passi della federazione dell'Ulivo e i recenti successi dell'Unione sono anche domande di coerenza. Meglio prenderle sul serio per evitare l'orticaria e qualche altra più grave malattia.

Editori Riunitipp.

jueves, junio 29, 2006

LAS TRANSFORMACIONES POSIBLES DE LOS SISTEMAS DE RELACIONES INDUSTRIALES



Bruno Trentin

Las nuevas tecnologías tienden a suscitar permanentes modificaciones en la organización de la empresa, en la organización del trabajo y en la composición profesional porque su utilización óptima presupone un alto grado de flexibilidad --tanto en la cantidad como en la calidad de la producción de los bienes y servicios en relación a los cambios del mercado-- y en la medida en que su frecuente tasa de innovación comporta un envejecimiento rápido de muchas de las habilidades adquiridas; a su vez, solicita un continuo adaptamiento profesional de la mano de obra o, alternativamente, una enorme movilidad del trabajo. En estas condiciones, los procesos de reestructuración y descentralización productivos tienden a convertirse en una señal permanente de la gestión de la empresa. Y, de igual manera, ahí están sus efectos sobre los niveles de empleo y la composición profesional de los oficios que tienden a presentarse de manera recurrente como un modo fisiológico y no excepcional de adaptación de las empresas a los cambios impuestos por las nuevas tecnologías. Más todavía, los tiempos de los procesos de reestructuración ya no coinciden con los ritmos del ciclo económico. Lo cual comporta una modificación cualitativa de los sistemas de relaciones industriales: no sólo porque asumen una nueva importancia los ámbitos de la negociación colectiva en la empresa y en el territorio, sino porque sus mismos contenidos requieren nuevas prioridades que primen la contractualidad tradicional en factores tales como el salario y el horario de trabajo. Y cuestiones como la definición de los niveles de empleo, la gestión de los procesos de movilidad del trabajo, la recualificación de los trabajadores, la determinación de nuevas formas de organización del trabajo y la ordenación del tiempo de trabajo... se convierten en temas centrales (y, ahora, no excepcionales) de la negociación colectiva, influenciando los mismos contenidos de las reivindicaciones de, por ejemplo, los salarios y los horarios.
En efecto, tienden a cambiar los contenidos de la relación de trabajo para todas las formas de trabajo subordinado, parasubordinado o semiautónomo (por ejemplo, el trabajo a domicilio) ya que el intercambio que sanciona el contrato no se hace, ahora, entre una cierta cantidad de tiempo y una determinada cantidad de salario en el caso de una estabilidad en el empleo (salvo casos excepcionales) tal como sucedía en el contrato fordista. En nuestros días, el intercambio se da entre: de una parte, la disponibilidad de la persona para hacer un trabajo determinado o un objetivo concreto, sobre la base de determinadas habilidades, respondiendo de los resultados de dicho trabajo, incluso con la inseguridad de la duración de la relación de trabajo, y, de otra parte, un cierto salario y un horario concreto que se miden por las aptitudes demostradas y los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos.
Ahora, este tipo de intercambio se presenta de modo desigual y contradictorio porque la responsabilidad de los resultados de la actividad laboral coexiste, por un lado, con el mantenimiento de un poder unilateral de las decisiones de la empresa de las modalidades de las actividades productivas, y, de otro lado, con el también poder unilateral de dicha empresa de la duración de la relación laboral. Así las cosas, la empresa detenta la potestad de prolongar o no prolongar una relación de trabajo por tiempo determinado y proceder o no proceder a despidos individuales sin ningún tipo de sanciones duras. En esta desigualdad reside la razón de la debilidad del poder contractual del trabajador y de su ejercicio del derecho de huelga. Por otra parte, sería ilusorio pensar que el desequilibrio de este intercambio --en un contexto económico que ha cambiado radicalmente-- se pueda superar manteniendo las viejas reglas de la relación de trabajo. Aunque es posible que la primera reacción de los sindicatos y los trabajadores sea el mantenimiento de las viejas reglas.
Las vías pra reconstruir un contrato de trabajo, que no esté marcado por tales contradicciones y desigualdades, parecen ser otras; y eso queda demostrado por la experiencia, aunque ésta afecte de momento a una élite de los asalariados que tienen una alta cualificación. Estoy hablando de unas vías que llevan a un nuevo tipo de intercambio, capaz de garantizar a todo el universo del trabajo subordinado y parasubordinado, más allá de sus adscripciones en diversas situaciones de contrato de trabajo.
En primer lugar, se trata de de un nuevo equilibrio entre el recurso a la flexibilidad y movilidad del trabajo; y, como contrapartida a ello, la adquisición de una empleabilidad del trabajador, mediante políticas de formación, puesta al día y recualificación profesional. De este modo se establecerá lo contrario de una precariedad que se traduce inevitablemente en la marginación de los más débiles y los trabajadores de más edad. En segundo lugar, se trata de establecer un nuevo equilibrio entre la responsabilidad exigida al trabajador cuando se le piden cuentas de su actividad y la garantía de su control y participación en las decisiones sobre las modalidades de la actividad laboral y el gobierno del tiempo de trabajo, entendido éste como tiempo de trabajo, como tiempo que se dedica a la formación y como tiempo “de vida”. En tercer lugar, se trata de garantizar a los aslariados (y particularmente a los que trabajan por tiempo determinado, con independencia de las diversas normativas) la certeza del contrato: este no puede ser rescindido arbitrariamente --hecha la excepción de despidos colectivos por razones económicas--, a menos que el trabajador haya cometido una falta grave. Y en cuarto lugar se trata de redefinir las reglas generales de un welfare state descentralizado en el territorio, que tutele, en igual medida, todas las formas del trabajo subordinado y parasubordinado, a través de un uso coordinado de las formas de intervención y servicio; con políticas formativas (también para los parados) y de previsión social, sanitarias y de empleo.

Pero estos cuatro derechos fundamentales no protegen, ni de lejos, a la gran mayoría de trabajadores subordinados y parasubordinados. La explicación viene dada por la fuerza de la resistencia inercial de las asociaciones patronales en asumir, por ejemplo, el coste de una política de formación durante toda la vida y las tendencias de muchas empresas en hacer convivir la superación del modelo de producción fordista con el mantenimiento de formas tayloristas de organización del trabajo y dirección del trabajo manual. Ahora bien, aquellos cuatro derechos fundamentales podrían constituir las nuevas prioridades de la acción reivindicativa de los sindicatos con el objetivo de ofrecer representación y tutela a todo el universo del mundo del trabajo que hoy está tan fragmentado. En el casos de que ello fuera la nueva opción de los sindicatos, la formación a lo largo de toda la vida sería el primer objetivo de la negociación colectiva, haciendo compatible las reivindicaciones salariales y las reducciones de los horarios de trabajo. Pero téngase en cuenta que el control de las políticas formativas, orientadas a la consecución de objetivos específicos (formación para los jóvenes, trabajadores inmigrantes, de adaptación de los trabajadores adultos y recualificación de los que tienen más edad) no es imaginable sin un fuerte sostén, no sólo financiero, del Estado, las empresas y los mismos trabajadores, también con la idea de legitimar su participación en la dirección y programación de los procesos formativos.
Pero tal salida --que implica el encauzamiento de importantes recursos hacia inversiones de alto riesgo y efectos diferidos en el tiempo-- presupone la superación de fuertes resistencias, tanto de las instituciones públicas como de las mismas empresas, tanto de los propios enseñantes y formadores como de los trabajadores-usuarios de dicha formación.
El segundo objetivo sería, ineluctablemente, el gobierno de los procesos de reestructuración de la empresa, de la movilidad del trabajo en el territorio y de movilidad profesional en el centro de trabajo; también aquí mediante la negociación de programas orientados a la formación en el territorio y en la empresa.
El tercer objetivo, estrechamente vinculado al segundo, contemplaría necesariamente la participación en las decisiones que afectan a la empresa: la organización del trabajo y el régimen de horarios. Ciertamente, habría que establecer la conexión con la negociación --en el territorio y, sobre todo, en la ciudad-- de la reordenación de los tiempos, conciliando el funcionamiento de los servicios de interés colectivo con la actividad laboral y la vida privada.
El cuarto objetivo se dirigiría, probablemente, a las políticas del welfare y a la formación a lo largo de toda la vida, a afrontar el envejecimiento de la población con un incremento de la población activa y la prolongación con carácter voluntario de la actvidad laboral, estimulada con un política de incentivos y penalizaciones, discutidas tanto con los trabajadores como con las empresas. Es decir, se trata de crear las bases de una política de envejecimiento activo, conjurando los riesgos de una reducción de las tutelas tanto las contributivas como las asistenciales.

Una reforma de este alcance de la negociación colectiva implicaría la entrada en escena de nuevos sujetos y nuevas formas de representación. En primer lugar, de los trabajadores parasubordinados y semiautónomos que, hoy por hoy, sólo tienen contratos individuales. Pero también me estoy refiriendo a los trabajadores “en movilidad”, de los parados en busca de su primer empleo o que intentan recolocarse: habitualmente no se encuentran representados, en tanto que tales, en las organizaciones sindicales ni en las negociaciones sobre políticas activas de trabajo. Estos sujetos se adherirán difícilmente a un sindicato, si no han participado en una negociación o en una acción colectiva que se refiera directamente a su tutela. Así pues, el camino a recorrer será, en muchos casos, complicado y tortuoso para los sindicatos, y deberá consistir en la promoción de asociaciones profesionales, generales o de sector. Lo importante es que, mediante el asociacionismo, los trabajadores atípicos y los parados puedan participar, junto al sindicato, en formas de negociación colectiva para definir (a modo de acuerdos-marco) las reglas, los derechos y las responsabilidades propias de la relación de trabajo convenida con su debida protección. Y, por otra parte, definir en el sector o en el territorio las formas esxpecíficas de un convenio colectivo. Estos acuerdos-marco podrían, andando el tiempo, ser sustituidos por la negociación colectiva europea de sector, fijando, claro que sí, las líneas maestras de aplicación de la negociación en la empresa y en elsector.
Pero la evolución del conflicto social y su radicalización en los servicios públicos comportan la entrada de nuevos sujetos cuya intervención puede influir en la modalidad y contenidos de la negociación colectiva. En efecto, el papel que asumen los medios a la hora de informar de los aspectos más estridentes del conflicto social, tiende a introducir --tanto en las asociaciones de trabajadores como en ciertos grupos de asalariados-- la búsqueda de formas de presión distintas de la huelga: secuestros de dirigentes de empresa, ocupación de la fábrica, interrupción de las vías de comunicación, etcétera. Con la intervención de los media, los que utilizan ese tipo de acciones intentan sorprender a la opinión pública y a los diferentes intereses de la contraparte: la organización patronal o a la empresa en cuestión. Estas formas de radicalización conllevan, frecuentemente, la lesión de los intereses de los diversos sujetos que no tienen relación con los directamente implicados en dicho conflicto: otros trabajadores de la misma empresa y del mismo sector, otros grupos de trabajadores y otros ciudadanos, especialmente los usuarios de los servicios públicos: los medios de transporte y comunicación, la sanidad y la distribución de bienes de consumo, los centros que prestan servicios financieros a grupos de trabajadores y pensionistas...
Tales sujetos pueden desarrollar, involuntariamente, una función de presión para solucionar el conflicto o, al revés, orientarse hacia posturas de hostilidad y rechazo hacia este conflicto, facilitando así, primero, su aislamiento y, después, la derrota. De manera que mucho dependerá del comportamiento de las asociaciones de trabajadores que la acción vaya en una u otra dirección. Porque depende cómo se hagan las cosas, el asunto se orienta hacia una radicalización del conflicto y, en consecuencia, a una desarticulación corporativa del sistema de relaciones industriales, con independencia de la solución favorable o no del conflicto de marras. Pero si el tratamiento se orienta en otra dirección, los no directamente implicados puede hacer suyas las reivindicaciones de los huelguistas.
Esto último es lo más apropiado, y se pueden plantear incluso ciertos códigos de comportamiento en el ejercicio del conflicto (como es el caso italiano) donde intervienen directa o indirectamente los terceros en discordia (los no implicados en el conflicto) a través de la organización sindical u otras asociaciones. Estos códigos de comportamiento (de autoregulación) pueden salvaguardar los servicios esenciales durante una huelga; la reducción de la producción sin llegar a la paralización de algunas estructuras costosas que deben ser mantenidas permanentemente (por ejemplo, los altos hornos en la siderurgia); la exclusión de de la huelga en determinadas franjas horarias que se corresponden con la mayor utilización de los servicios, por ejemplo: la ida al trabajo o el regreso a casa de la gente; la información de preaviso de una huelga; la exclusión del ejercicio de la huelga en determinadas temporadas del año, por ejemplo, durante las fiestas o la ida y vuelta de vacaciones... Estos códigos u otras formas de entendimiento con los usuarios pueden ser objeto de acuerdo entre las partes sociales o, incluso, de medidas legislativas una vez que hayan sido aprobadas por los trabajadores interesados, mediante un referéndum, como sucede en Italia.
Pero las mismas materias que, a este respecto, constituirían los contenidos de la negociación colectiva comportan un salto cualitativo en la misma forma de la negociación. De un lado, por la frecuente entrada en la escena de una pluralidad de sujetos contractuales; de otro lado, porque el respeto a lo acordado se confía en, al menos, por una parte de aquellos, a verificaciones y controles sucesivos. Este es el caso de cuestiones como la realización de programas de formación profesional, la experimentación de nuevas formas de organización del trabajo o la gestión de los procesos de movilidad y la promoción de las políticas de sourcing. Porque estamos en el contexto de una transformación en marcha que comporta --ante diversas materias salariales o aspectos parciales de éstas-- la consolidación de una negociación in progress sujeta a las verificaciones y adaptamientos continuos que los agentes sociales deben reseguir, comprobando los acuerdos asumidos con las formas concretamente posibles de su realización.
Se puede afirmar, pues, que en casos cada vez más numerosos, la negociación colectiva tiende a ser, al menos en parte, algo más que un intercamnbio de certidumbres: un intercambio entre la voluntad de lo pactado y la verificación de su puesta en marcha. Tanto es así que, en los últimos años, en algunos países de la Unión Europea se ha dado vida a auténticas formas de negociación que se distinguen con facilidad de los procesos tradicionales. No sólo por la existencia de una pluralidad de sujetos o por un intercambio como el mencionado anteriormente, no siempre reducible a cantidades determinadas (políticas de rentas, contención de la inflación, políticas industriales, de empleo o de reforma de las reglas del mercado laboral) sino porque el respeto de los acuerdos tomados por los diferentes sujetos, cuando son instituciones públicas depende, en última instancia, de lo aprobado por los representantes de la soberanía popular.
Otra característica de la concertación viene de su forma de negociar que asume una dimensión horizontal, en el sentido de que corresponsabilizar una pluralidad de sectores, de sujetos contractuales y de contratos de trabajo. Este parece ser el caso de para las formas de concertación con los gobiernos nacionales o para el diálogo social que se efectúa entre las asociaciones europeas de trabajadores y las patronales, con el impulso y la iniciativa de la Comisión ejecutiva de la Unión; y esta parece ser la forma de las negociaciones que se hacen en el territorio.
Estas últimas, en efecto, parecen destinadas a asumir una importancia creciente en relación a los cambios de los contenidos de la misma negociación colectiva. Piénsese en la negociación sobre políticas de industrialización, formación profesional, movilidad intersectorial de la mano de obra tras los procesos de reestructuración o reconversión de una gran empresa o de un grupo de empresas. O también en la actuación de los programas de formación profesional para los trabajadores de las pequeñas o medianas empresas que no puedan asegurar la formación en el puesto de trabajo. Por no hablar de experimentos como los contratos-programa que se realizan en algunas regiones que afectan, además de las asociaciones de trabajadores y patronales, a las diversas administraciones públicas, los institutos de crédito, los centros de formación profesional, las escuelas secundarias y las universidades.
Más en general, parece que las transformaciones del welfare state (con el papel central que tiende a tener la formación a lo largo de toda la vida) en conexión con las políticas de protección social y asistencial y las políticas activas de trabajo, conducirán a una valorización de la dimensión territorial y horizontal como lugar donde es posible un gobierno coordinado de los diversos instrumentos de la política social.

En fin, tomamos nota de la importancia de la dimensión europea, para poder valorar las repercusiones que puede tener la creación de un mercado único y, más todavía, de la moneda única, sobre los sistemas de relaciones industriales vigentes en los diversos países de la Unión. A tal fin, se debe observar, ante todo, que la diversidad de estos sistemas, país por país y de sector a sector, constituye un obstáculo no ligero para la conformación de un modelo europeo al que son hostiles las asociaciones patronales que se orientan hacia una despotenciación de la negociación colectiva fuera de la empresa tanto si es europea como nacional, confederal o sectorial. Y, efectivamente, el diálogo social, a nivel europeo, no ha conocido progresos significativos tras la constitución del mercado único, sobre todo por la hostilidad de las organizaciones empresariales.
De esta manera, la negociación colectiva europea --aunque sea fijando sólo las líneas-fuerza para los convenios nacionales o de empresa-- le cuesta consolidarse, salvo pocas excepociones, en el plano sectorial. Mientras tanto, en el ámbito nacional las organizaciones patronales parecen orientarse a poner en entredicho el doble modelo de negociación (sectorial y en la empresa) con la mirada puesta en conjugarlo con el modelo dual del mercado de trabajo: el de la grande y mediana empresa en las que sobreviviría una cierta manera de negociación colectiva y el de las pequeñas empresas y los contratos atípicos. Para estos últimos seguiría en vigor, junto a los contratos individuales, una legislación nacional o formas de negociación a nivel general, esto es, interconfederal. Así pues, el conflicto para mantener el doble nivel de negociación colectiva (sectorial y de empresa) parece destinado a convertirse en crucial en los próximos años. Sin embargo, la actuación concreta de la unión monetaria parece orientada a influenciar la evolución futura de los sistemas de relaciones industriales hacia una armonización de las estructuras de la negociación colectiva.

La entrada en vigor de la moneda única y el hecho de que nos acerquemos a la fase conclusiva del proceso de ampliación de la Unión Europea (al menos para un primer grupo de países) ternderá, en efecto, a acentuar algunas evoluciones que ya se perciben en el comportamiento de las empresas, de las asociaciones sindicales y patronales. De un lado, la moneda única europea ofrecerá la ocasión (todavía más que en el pasado) de proceder a un examen comparado no sólo de los costes del trabajo sino también de las dinámicas sociales y de los elementos que componen el salario y el coste del trabajo, dando lugar a lo que ciertos estudiosos llaman la comparación coercitiva (coercitive comparison), acentuando los esfuerzos hacia una coordinación de las políticas reivindicativas sobre el plano sectorial y en las compañías multinacionales (mediante los works councils). De otro lado, se acentuarán las tendencias hacia una orientación de separación de las inversiones en dos direcciones. 1) Hacia los países de bajo coste del trabajo --particularmente hacia la Europa central y oriental-- para los sectores productivos de mano de obra intensiva; con ello surgirán nuevas formas de coordinación de las políticas reivindicativas para los trabajadores que son “víctimas” o “beneficiarios” de los procesos de reestructuración y de reconversión. 2) Pero también hacia países y territorios donde existen salarios altos, para los que la capacidad competitiva depende, en gran medida, de la presencia de infraestructuras y de servicios y de la puesta en marcha de políticas de formación y recualificación de los trabajadores en aquellas empresas cuyo coste del trabajo representa una pequeña parte de los costes totales, acentuándose en estos casos las tendencias a coordinar las reivindicaciones en materia de formación permanente y armonización de los sistemas de welfare.
Estas tendencias tienen, todavía, dificultad de producir efectos significativos en el diálogo social y en las formas de negociación sectorial a nivel europeo. Los acuerdos que se han pactado hasta la presente han abordado los permisos parentales y la igualdad de tratamiento para los trabajadores a tiempo parcial y con contrato por tiempo determinado. Mientras tanto, permanece la fuerte resistencia de las organizaciones patronales a la experimentación de un sistema de negociación sectorial a nivel europeo. Ahora bien, ya son numerosos los casos en los que se procede a una coordinación de hecho de las políticas salariales, ya sea por los sindicatos o por las organizaciones patronales.
En lo referente a los sindicatos se pueden citar, como ejemplos, la coordinación cada vez más frecuente (en el área del marco) entre los sindicatos metalúrgicos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo con el IG Metall del Land del Norte de Ranania-Westfalia. O la reforma contractual de 1996 en Bélgica donde se previó explicitamente la negociación de acuerdos de sector, teniendo en cuenta las dinámicas salariales en Francia, Alemania y Holanda. Y una tendencia más pronunciada hacia la coordinación de las políticas salariales y los estándares de rendimiento y de “performance” del trabajo, pero ello se confronta con las compañías trasnacionales: en muchos casos esta confrontación es de hecho y en otros casos lo es en el seno de los mismos Works Councils , porque esta es la orientación que autónomamente en el seno de las empresas ha adoptado el management. A tal fin se pueden citar las experiencias contractuales sobre políticas salariales de la General Motors en Europa en empresas y sindicatos del Reino Unido, Bélgica, Alemania (para el grupo Opel), y el acuerdo realizado con la participación del Work Council de la Volkswagen y SEAT, estando implicados los sindicatos españoles y alemanes. En todo caso, se puede pensar que la afirmación de un sistema de relaciones industriales en la Unión Monetaria dependerá, en gran manera, de las formas que asuma la aplicación del capítulo social de las cláusulas de Maastrich que se adoptaron en el tratado de Amsterdan, en 1997.

Hemos dibujado algunas evoluciones posibles de los sistemas de relaciones industriales en el plano nacional y europeo. Nadie puede afirmar, todavía, qué tendencias serán las prevalentes en la negociación colectiva. Son demasiados los presupuestos que deben asumir los agentes sociales a la hora de confrontarse en los contenidos de sus políticas reivindicativas, de las formas con las que aborden los problemas de la representación, de su capacidad de ampliar las tutelas y los intereses de los que son portadores. Ahora bien, en el caso que los diversos sujetos (los actuales o los potenciales) de los sistemas de relaciones industriales no estén en condiciones de intervenir en los cambios estratégicos que las transformaciones de la economía y las sociedades nacionales pueden llevar a la práctica (y son oportunas) es posible que el proceso de transformación y globalización de los sitemas económicos y de las relaciones de trabajo desemboque en una desarticulación y una regresión corporativa del conflicto social; una desarticulación y una regresión que afectará a las categorías que tengan, por razones objetivas, un mayor poder contractual (particularmente en los servicios públicos, allá donde es más estable el empleo) en un contexto de sectores de de trabajadores y trabajadoras sin representación, en un número cada vez más grande, cuya única tutela estaría confiada a la intervención de las instituciones públicas.
De ahí que hayamos evidenciado la posibilidad de plantear un escenario capaz de garantizar, en una situación de profundos cambios, un mayor grado de cohesión social y representación de un área del mercado de trabajo que está privada de protección, derechos y tutelas. Pero se trata solamente de una posibilidad; no es una certeza escrita en la historia.
(Traducción de José Luis López Bulla ex allegato Rafael Rodríguez Alconchel. Existe una versión catalana en el libro "Canvis i transformacions", Col.lecció Llibres del Ctesc)
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miércoles, junio 28, 2006

TRENTIN: LA DEMOCRACIA ECONOMICA

Traducción y Notas: José Luis López Bulla

El papel de los trabajadores[1]

Creo que, al recurrir a este término ambiguo (democracia económica) que se utiliza con cierta frecuencia para diversas formas de governance de la empresa, es necesario distinguir netamente (o en gran medida) entre democraica de los accionistas y la democracia de los productores, los stakeholders[2], como hoy se llaman. Aunque exista una larga experiencia, madurada desde el inicio del siglo pasado cuando se difundieron las ideologías del “capitalismo popular”, se ha demostrado que la vía del accionariado difuso no ha comportado nunca un condicionamiento del control de la empresa capaz de plasmar los intereses de los asalariados en términos de empleo y condiciones de trabajo.
La “democracia de los accionistas” es ciertamente una vía que se puede impulsar --con medidas legislativas, también-- para garantizar, ante todo, una información sistemática a los accionistas y la transparencia y el alcance de los preocesos de decisión; una información frente a las desviaciones derivadas de los procesos de financiarización, en un proceso de decisión que tendría que reflejar (sobre todo en una public company) la voluntad de la mayoría de los stockholders[3]. Me refiero a la adopción en el ámbito europeo de procedimientos de información periódica vinculante, con el ánimo de crear sucesivamente una valoración consolidada de la situación de la empresa y la formación de los balances; con la atribución de los poderes de control obligatorio de la situación financiera de la compañía a las agencias de consulting integrando así el poder de los órganos de control y auditoría; la transparencia de cómo la propiedad decide la concesión de las stock options a favor del management; reforzando los poderes de control de las autoridades públicas sobre los mercados bursátiles, sobre todo con la adquisición de informaciones rápidas de los cambios (aunque sean limitados) de la composición de la empresa, cuando se trata de inversiones de alto riesgo (edge funds)
Pero la democracia de los stockholders y una estrategia del desarrollo y del empleo --que debería ser la finalidad de la democracia de aquéllos. especialmente de los sindicatos, los mánagers y las instituciones públicas locales-- no parecen destinadas a coincidir, sobre todo en una fase como la actual, caracterizada por la innovación incesante y por el carácter prioritario que deberían tener las inversiones en el factor humano. Estas inversiones en el factor humano, la investigación, la formación a lo largo de toda la vida y la salvaguarda o la reconstrucción de los equilibrios ambientales constituyen, efectivamente, la primera condición para que un sistema productivo (revolucionado por la tecnología de la informática y las comunicaciones) pueda crecer con rapidez en un contexto cada vez más rico en innovaciones. Pero estas innovaciones consiguen sus efectos sólamente a medio y largo plazo y tienen, por otra parte, una alta alícuota de riesgo. Ahora bien, en esta fase presidida por las rápidas oscilaciones de los beneficios financieros, el interés del accionista es la obtención de resultados muy rápidos, con el apoyo de una coyuntura muy dinámica. De otra parte, paradójicamente, una inversión empresarial en investigación, formación y ecología, acaba desanimándose por la extrema flexibilidad de los mercados laborales, en especial por los más ricos en conocimientos.
Así las cosas, resurge el conflicto que citaban Schumpeter y Veblen entre el empresario innovador y el rentista; pero con la diferencia de que hoy el empresario-mánager puede coincidir con el rentista, cuando (mediante el ejercicio cada vez más extendido de las stock options) aumenta sin ningún género de dudas (también el mánager) la preferencia por la obtención de beneficios inmediatos en los mercados financieros. Por otra parte, las pequeñas empresas --que representan la parte substancial de nuestro “modelo”-- tienen muchas dificultades, sin embargo, a la hora de acumular capitales consistentes para hacer las inversiones con una renta muy diferida. En muchos casos, estamos, de un lado, frente a un verdadero y concreto “fallo del mercado”, pues repropone el papel insustituible de la granempresa, capaz de vincularse a estrategias industriales de amplio respiro; y --en otro orden de cosas-- está la intervención pública, la negociación colectiva y la concertación en el territorio, sobre todo en lo referente a la empresa difusa.
Esta tendencia contradictoria no se debilita sino que se acentúa, si los trabajadores-ahorradores (idealizando las doctrinas del capitalismo popular) orientan sus fondos de inversiones, comprendidos los destinados a garantizar las pensiones contributivas. Estos fondos podrían ayudar a imponer, ciertamente, una mayor democracia y transparencia en las relaciones entre shareholders[4] y management y también con el objetivo de garantizar las más rápidas ganancias a favor del rendimiento de las pensiones, pues este es el cometido de los fondos. De ahí que, junto a la necesidad de códigos éticos para tutelar los más elementales derechos humanos que algunos fondos de inversiones han conseguido promocionar en la empresa multinacional, no se pueda esperar de estos fondos la claridad de miras capaz de invertir masivamente en el factor humano.
La democracia de los stakholders se confronta, por otra parte, con el siguiente desafío: saber conjugar innovación con ocupación y calidad del trabajo, haciendo firme esta conexión en la gestión a medio plazo de la compatibilidad de estos dos objetivos fundamentales. Aunque en esta ocasión no sea mediante la propiedad sino a través de incentivos y víncolos que se pueden introducir en la legislación y en la governance mientras duran las fases de transición que sucede a todo proceso de reestructuración. Esta, en otro sentido, tienen a devenir un esfuerzo cotidiano, en la memdida que las reestructuraciones no son ya eventos excepcionales sino que forman parte de la fisiología de la empresa, de su modo de existir y transformarse.
El mismo Plan Meidner[5] (es necesario recordarlo siempre) no mezclaba nunca el objetivo de conseguir gradualmente la mayoría del capital de la empresa, favorable a los trabajadores, con la necesidad de mantener (especialmente en las discusiones en las multinacionales) un sistema fuerte de democracia industrial, capaz de incidir en la orientación de las inversiones de las empresas para asegurar su coherencia con los intereses de largo periodo de los trabajadores.
La democracia industrial de los stakeholders se confronta, hoy, con la necesidad de hacer frente a dos exigencias fundamentales. De un lado, el restablelcimiento de una conexión, transparente y negociada, entre innovación y organización del trabajo, utilizando todas las potencialidades que ofrecen el uso flexible de las nuevas tecnologías y del mismo trabajo; para ello, es preciso promover el trabajo en grupo, la organización “que aprende”, el gobierno del tiempo, la cualificación del trabajo y la certificación de las capacidades. Y, de otro lado, la redefinición de una estrategia industrial a corto plazo, mediante una concertación que prevea y prevenga las peligrosas fracturas sociales que se puedan derivar de una reestructuración mal gestionada. Previendo, además, los efectos inmediatos y a medio plazo sobre el empleo y programando su redistribución en el territorio; previendo y anticipándose al detgerioro de las más variadas formas de cualificación del trabajo; conjugando, en primer lugar, la flelxibilidad con empleabilidad con movilidad “hacia arriba” (los ascensos) de los trabajadores; vinculando flexibilidad con seguridad.
Para incentivar esta capacidad de previsión y prevención de la concertación en el territorio, bajo las orientaciones del “Libro Verde” de la Comisión ejecutiva de la Unión Europea, se ha puesto en marcha en muchos países una legislación sobre “la responsabilidad social de la empresa”. ¿Por qué no la tenemos nosotros?
Una última cuestión referida a los sujetos de la concertación en el territorio sobre las políticas de innovación y sus repercusiones en el empleo (inmediato y futuro) y a su actitud como representantes de una democracia de los stakeholders. Estamos aquí ante un gran problema de representación y democracia sindical al englobar todas las articulaciones del mercado de trabajo en la concertación. Y está el problema de ampliar la representación de los sujetos, públicos y privados que están objetivamente implicados en una política de programación en el territorio: los sindicatos, las asociaciones impresariales, el mundo de la enseñanza, las instituciones públicas (nacionales y locales), las organizaciones no gubernamentales, las variadas formas del voluntariado y, particularmente, el tercer sector.
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[1] Ensayo publicado por la revista “Argomenti Umani” (7 de julio de 2004)
[2] Los stakeholders son , grosso modo, aquellos grupos o individuos que pueden afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de una organización: accionistas, directores, gerentes, empleados, acreedores, cleintes, competidores...
[3] Los stockholoders son los accionistas de una corporación.
[4] Los shareholders son, en este caso, los que han invertido en fondos de pensiones.
[5] El Plan Meidner fue el buque insignia de la socialdemocracia sueca. Su autor fue Rudolf Meidner, lo propueso a mediados de los años setenta y es coocido popularmente como el “modelo sueco”.